Las normativas vigentes hasta entonces se vieron en la necesidad de actualizarse para incluir nuevas leyes en lo que al fraude informático se refiere. El fin con el que se adaptaría el CP español es poder hacer frente a los delitos de la web y no quedarse obsoletos ante los delincuentes que actúan en ella. El fraude y la falsificación de cualquier medio de pago que sea distinto al efectivo supone una amenaza para la seguridad y contribuye a la aparición y auge de actividades delictivas.

La iniciativa ha venido dada después de que en 2019 se aprobase la Directiva (EU) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de ese mismo año, sustituyendo la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. Considerando que en los últimos años la economía digital se había incrementado de manera notoria, este fenómeno trajo consigo nuevos tipos de instrumentos de pago. Pero lo que para los consumidores y las empresas supone nuevas oportunidades, también significa nuevas posibilidades de fraude para la delincuencia digital.

Línea de actuación de los Estados

La Comisión evaluará la posibilidad que sean los propios Estados miembros los que establezcan los sistemas de denuncia de los fraudes con criptomonedas. Ello siempre que las medidas adoptadas se hagan en línea con lo establecido en la Directiva (UE) 2019/713. Los sistemas establecidos podrían facilitar que las denuncias y la lucha contra estos delitos se ejecuten de manera más rápida gracias a la cooperación transfronteriza.

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